El manifiesto tiene una doble intencionalidad: proclamar alto y claro que “ley y democracia no pueden ser presentados como términos contradictorios” y que “la veneración a la ley y su petrificación” no beneficia al bien común. Para hacer cumplir la ley está la Justicia; para adaptarla a los cambios sociales contamos con el Parlamento, y para la resolución de conflictos, como es el caso de la “cuestión catalana”, necesitamos la política. Y cuando ésta falta, como sucede ahora, el desequilibrio resultante esteriliza las posibles soluciones al conflicto.
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