Los secesionistas tienen todo el derecho a seguir defendiendo su causa por medios legítimos; así se lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al que ahora desautorizan. Las próximas elecciones generales del 20 de diciembre les brindan una nueva oportunidad para convencer a más catalanes. La democracia española, por imperfecta que sea, nunca ha puesto traba alguna a los partidos que han pedido el voto de los ciudadanos con programas independentistas. Lo que no es legítimo es quebrantar un orden constitucional plenamente democrático para alcanzar un objetivo que carece del respaldo de una mayoría clara y estable de la ciudadanía.
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