Usos insurrectos, por Soledad Gallego-Díaz

Es el título de un puñado de canciones norteamericanas que lamentan separaciones sentimentales: The Great Divide; el nombre de varios accidentes topográficos: desde la ruta para bicicletas que cruza Estados Unidos hasta la línea divisoria que va del estrecho de Bering al de Magallanes. Es asimismo uno de los mejores libros del economista Joseph Stiglitz. Y finalmente es también, y sobre todo, la manera de designar en inglés la “gran brecha”, la polarización social que buscan los discípulos de ese influyente manipulador que se llama Karl Rove, asesor de George W. Bush, impulsor de la guerra de Irak y de una línea política que ha arraigado también en Europa y que busca sobre todas las cosas la fractura social. “La radicalización social que parece consustancial a la democracia liberal”, escribió José María Ridao a propósito de Rove, “no es más que el producto de una estrategia de partido para hacerse con el poder y, en su caso, conservarlo”. El empeoramiento del clima político en España no es tampoco consecuencia de un fenómeno atmosférico, sino el resultado de una estrategia política deliberada que ha elegido el Partido Popular para intentar volver al poder y que busca continuamente causas capaces de fracturar la sociedad española, independientemente de los efectos secundarios que pueda provocar. En el fondo, la estrategia de la gran división no exige ninguna inteligencia, basta con no tener escrúpulos y despreciar la política como un instrumento que busca justamente lo contrario. Hannah Arendt decía que la política tiene su punto de partida en la pluralidad y que es un espacio público donde se habla y se actúa. Es decir, prácticamente todo lo que niegan los discípulos de Rove en el Partido Popular, rechazando de plano cualquier posibilidad de acuerdo o negociación, incluso cuando existe un texto producto del dialogo social, o manteniendo bloqueadas durante años instituciones como el Consejo General del Poder Judicial. Cada vez que el PP está en la oposición niega la política, pero quizás nunca lo había hecho provocando tantos efectos secundarios como ahora, quizás porque nunca había tenido enfrente un gobierno con una debilidad parlamentaria tan grande que le impide taponar las rendijas por las que “los fracturadores” cuelan su estrategia. “Dejemos que ellos hablen de identidad”, advertía Rove en uno de sus discursos, “y nosotros hablemos de nacionalismo económico”. Los populares suprimen lo de “económico”, puesto que no pueden oponerse a la permanencia de España en la Unión Europea, y se agarran con ansia a la primera parte de la propuesta. “Me preocupa que se coloquen ustedes fuera del sistema”, dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz en respuesta a la portavoz popular, Cuca Gamarra, durante el debate de convalidación del decreto ley de medidas urgentes para la reforma laboral (al que no asistió Pablo Casado). Y en cierta manera en ese estrecho filo se está moviendo el PP desde que Mariano Rajoy perdió la moción de censura y desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. No supone otra cosa su estrategia de apropiarse de la Constitución, negando al mismo tiempo su verdadera esencia, que es la pluralidad. Si algo tuvieron claro los constituyentes, y desde luego los representantes en aquel momento de la derecha democrática (UCD), era que el aquel texto tenía que representar el respeto de una pluralidad de doctrinas, ideologías o posiciones. Los efectos secundarios del Gobierno de Bush y de la gran división de Rove no se apreciaron tan pronto como se están apreciando en algunos países europeos y desde luego en España, quizás porque irrumpió en política Barack Obama, capaz de frenar el proceso, pero su sucesor, Donald Trump, tuvo y tiene sus raíces en esa misma estrategia. Sería lamentable que el Partido Popular no comprendiera los riesgos de semejante operación de demolición, para el futuro del propio partido, pero sobre todo para el de las instituciones democráticas, que necesitan un grado determinado de acuerdo y consenso. Sería lamentable que no existan en el PP algunas voces como la de la republicana Liz Cheney, que se niega a violar los usos democráticos y convalidar el asalto al Capitolio. Voces que dentro del PP adviertan de que poco a poco se están sobrepasando incluso los usos incorrectos para caer de lleno en usos insurrectos.