El derecho a decidir no se puede aplicar si hacerlo implica perjudicar a otros. Y pretender extenderlo sin límites a cualquier decisión colectiva, como ocurre con el derecho de autodeterminación, es antidemocrático. En el caso catalán se ha incurrido en otras actuaciones de lesa democracia como incumplir las leyes, violar los derechos de las minorías y forzar un seudorreferendo sin garantía alguna. Pero todos esos vicios se derivan de su unilateral anclaje en un falaz derecho a decidir que viola injustamente las libertades ajenas.
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